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Comunicados > Repudio al fallo
de la Cámara Nacional de Casación Penal
Poder Judicial y protesta social
Difundido el 4
de mayo de 2004
La Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos La Plata repudia el fallo de la Cámara Nacional de
Casación Penal que se conoció la semana pasada, que consideró
delito el corte de una vía ferroviaria que realizaron los
trabajadores del gremio La Fraternidad el 13 de diciembre de 2001, en
el marco de las protestas que precedieron a la caída del presidente
Fernando de la Rúa.
El fallo es una fuerte contribución
jurisprudencial a la criminalización de la protesta social. Para el
máximo tribunal penal quienes reclaman -con la esperanza de ser
oídos- por sus derechos constitucionales violan la ley.
En la pieza, firmada por los jueces
Guillermo Tragant y Rafael Riggi con la disidencia de Ángela Ledesma,
los jueces indican que "el apartamiento de la ley por parte de
quienes estamos obligados a aplicarla constituye una formidable
contribución al caos, la anarquía y la destrucción de los
derechos".
Cabe preguntarse qué
pronunciamientos ha tenido la Cámara de Casación para terminar con
el hambre, la falta de vivienda y de trabajo, y la dificultad en el
acceso a un digno servicio de salud, todos derechos constitucionales
violados en nuestro país.
El tribunal opuso, así, un derecho
inferior a derechos constitucionales. Con ello, consagra un sistema
perverso, que no sólo pena la pobreza y la marginación, sino
también la protesta y la petición a las autoridades públicas.
Además, fallos como este infunden el temor y sumergen en el
desconsuelo a la gran masa de víctimas del sistema económico.
Por otro lado, la APDH La Plata
celebra el fallo del juez federal porteño Claudio Bonadío, quien el
lunes pasado rechazó el traslado compulsivo de 60 familias que ocupan
un terreno fiscal de la ciudad de Buenos Aires e intimó al Gobierno
comunal a que en treinta días dé una solución habitacional a los
afectados. El juez señaló que ordenar el desalojo es
"criminalizar a los ciudadanos desventajados y faltos de
recurso".
Por ello, este organismo entiende que
en un marco democrático el Poder Judicial debe actuar de manera de
preservar y hacer respetar los derechos y garantías constitucionales
y dejar de ser instrumento del poder económico para reprimir y
acallar la protesta de los excluidos.
Mesa Directiva
La Plata, 4 de mayo de 2004
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