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El Gobierno y la criminalización de la protesta
La APDH La Plata manifiesta su
preocupación ante el endurecimiento del discurso del Gobierno respecto
de la protesta social. La decisión oficial de impulsar una denuncia
penal contra piqueteros, a raíz de los hechos del pasado 22 de octubre
en el Ministerio de Trabajo de la Nación, sólo puede significar un
viraje en lo que hasta ahora parecía ser una postura de atención a los
reclamos sociales expresados en la protesta popular.
A esto se sumó la eventual creación de brigadas especiales de la
Policía que se dedicarían exclusivamente a “negociar” con los
piqueteros para que “depongan” su actitud de protesta. Si bien el
Gobierno finalmente dio marcha atrás con la iniciativa, la Asamblea
cree necesario no sólo oponerse enérgicamente a la conformación de
cualquier tipo de cuerpo especial de represión, sino también a que se
destinen para ese mismo fin a las fuerzas de seguridad ya existentes.
Asimismo, la APDH considera imperioso que el Ejecutivo defina con
claridad cuál será su política respecto de la protesta social, y
que concrete con celeridad las medidas que promete para enfrentar la
desocupación, la pobreza y la miseria que llevan a la población a
movilizarse para exigir el cumplimiento de sus derechos más básicos.
Paralelamente, la Asamblea exige que el Gobierno trate y apruebe, por
un lado, el proyecto de ley de amnistía para los luchadores sociales
procesados en la actualidad y, por otro, el proyecto de reforma del
Código Penal que pondrá freno efectivo a la judicialización de la
protesta social, y que ambos proyectos sean enviados cuanto antes al
Congreso para su tratamiento.
Mesa Directiva - La Plata, 30 de octubre de 2003
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