El abogado de Etchecolatz lanzó
un discurso provocador y la gente se fue
El público se retiró de la sala de audiencias cuando Casabal Elía dijo que "la ESMA es un museo de la media memoria". Fue un alegato con alto contenido político y casi sin referencias a la causa judicial. Dijo que a Etchecolatz "ya lo absolvió Dios" y que "sólo puede dominar a su mujer".

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Por Vanina Wiman (Secretaría de Prensa)

LA PLATA (26mar04).- "A Etchecolatz ya lo absolvió Dios, así que la Justicia debería dejar de perseguirlo", dijo ayer el abogado del represor, en un alegato político que hizo que el público presente, indignado, se retirara voluntariamente de la sala. Adolfo Casabal Elía no hizo planteos jurídicos: se apoyó en el alegato de la defensora de Bergés para pedir la absolución de Etchecolatz.

En la tercer jornada del juicio oral por la supresión de la identidad de una joven hija de desaparecidos —que continuará el próximo lunes, cuando se dicte la sentencia—, el Tribunal Oral Federal Nº 1 escuchó también los alegatos de los fiscales y los abogados de los represores Jorge Bergés y Miguel Etchecolatz.

La fiscalía general, representada por Hugo Cañón y Carlos Dulau Dumm, pidió 10 años de prisión para los imputados, mientras que los defensores solicitaron la absolución. Por la mañana, los representantes de la querella habían pedido 15 años de reclusión para los dos represores (ver: 250304)

"Soplan vientos montoneros en el gobierno, y la sala está consustanciada con esa posición", provocó ayer Adolfo Casabal Elía, casi al inicio de su alegato. "Acá se habla de centros clandestinos pero se olvidan de las cárceles del pueblo (...). ¿Por qué la ESMA es un museo de la media memoria?", agregó, ante un público entre sorprendido y enojado que no tardó en dejarlo hablando solo y que recién volvió a la sala cuando el defensor concluyó su intervención.

Probablemente Casabal Elía haya estado agradecido de que la abogada de Bergés, Laura Díaz —a quien llamó su "socia de emergencia"—, había centrado su alocución en los aspectos jurídicos de la causa, lo que le permitió eludir toda referencia al caso concreto por el que se juzga a ambos represores. Es que apenas hace un mes que se hizo cargo de la defensa de Etchecolatz.

Después de reconocer que fue "un mal estudiante de derecho", el letrado se dedicó a atacar a los organismos de Derechos Humanos y ensalzar los crímenes del terrorismo de Estado.

"Este juicio ha servido para mediatizar el discurso de siempre que tienen los organismos de derechos humanos, que son organismos de determinados derechos humanos, organismos de izquierda", sostuvo y, dirigiéndose al presidente del Tribunal, sentenció: "Los derechos humanos tienen que ser para usted y para mí".

Casabal Elía pidió "la absolución lisa y llana" de su defendido, y también que el Tribunal declare la prescripción de la acción. Fundamentó esta última solicitud con un razonamiento, cuando menos, sorprendente: "Han pasado muchos años de que el comisario general Etchecolatz se retiró", sostuvo.

La débil estrategia de Casabal Elía residió en atacar lo que llamó "la teoría de dominio del hecho", haciendo referencia al poder de mando que el ex Director General de Investigaciones —y mano derecha del entonces jefe de la Policía provincial Ramón Camps— tenía sobre sus subordinados: "El señor Etchecolatz no tenía el más mínimo dominio, ni lo podía tener", dijo el defensor y, olvidando que los delitos se cometieron mientras Etchecolatz estaba en funciones, remató: "Un comisario retirado no tiene dominio sobre nada, excepto sobre su mujer".

El abogado alegó que con Etchecolatz "hubo alguien que persiguió a los guerrilleros" y sostuvo que en nuestro país se vivió "una verdadera guerra sucia". Caracterizó a los desaparecidos como "jóvenes descarriados manipulados" y pidió a la Justicia "que no piense como los organismos de derechos humanos, que hoy prácticamente cogobiernan la Argentina".

Después de hacer su particular recorrido por la historia argentina, se refirió a Etchecolatz como "un luchador franco y honesto contra la subversión". Y en un intento desesperado para despertar la lástima de los jueces, musitó: "Está enfermo, anciano, ya no es peligroso".

En todo momento calificó a los organismos querellantes y los fiscales como "resentidos", y manifestó querer "reconciliarse": "Olvidémonos de todo y abracémonos", dijo, provocando comentarios irónicos entre el público y la prensa.

"Yo sé algo de derechos humanos porque integro el organismo pro derechos humanos en Cuba", remarcó, y se oyeron más carcajadas entre el público. Y aunque se había quejado de que "en este juicio se divagó mucho", Casabal Elía terminó criticando a los movimientos piqueteros y pidiendo mano dura para los delincuentes.

La defensa de Bergés

En cambio, la abogada del ex médico policial realizó un alegato fundamentalmente jurídico. La defensora oficial Laura Díaz —a quien le correspondió el uso de la palabra después de los alegatos de la querella y los fiscales, pero antes del de Casabal Elía—, se abstuvo de "realizar manifestaciones sobre todos los sucesos históricos que se han descripto" y se circunscribió, según definió, a "una defensa técnica".

Díaz quiso desestimar las declaraciones testimoniales que se brindaron durante el juicio por considerar que los testigos "algún tipo de interés en el resultado de la causa deben tener", puesto que en muchos casos se trató de ex detenidos, familiares de desaparecidos y miembros de organismos de Derechos Humanos.

En referencia a los sobrevivientes de centros clandestinos que prestaron declaración, dijo que "salvo dos, ni siquiera la vieron a Aída Sanz". Vale recordar que la mayor parte de los ex detenidos que pudieron conversar durante su cautiverio con la joven hoy desaparecida no pudieron verla por haber estado con los ojos vendados o por estar alojados en celdas diferentes.

Además, Díaz insistió en su petición de nulidad del examen genético que determinó que María de las Mercedes Fernández era en realidad Carmen Sanz. Una de las razones principales que dio para fundar esta solicitud fue el hecho de que en su momento Bergés no fue notificado de la realización del examen.

El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Ramón Torres Molina, se encargó de rebatir este argumento: "Primero se hace un análisis genético y ese análisis genético nos pone en conocimiento de los imputados de la causa. Por eso no hay notificación previa, porque todavía no eran imputados".

Además, Díaz cuestionó la validez del formulario de constatación de nacimiento de Carmen Sanz que firmó Bergés —sostuvo que en su momento debería haber sido "ineficaz desde el punto de vista jurídico para hacer (a partir de él) un acta de nacimiento"— y quiso fundamentar así que "por eso Bergés no puede ser responsabilizado" por la supresión de identidad de la joven nacida en cautiverio.

La defensora del ex médico policial pretendió alegar también la prescripción de los delitos que se imputan al ex médico policial y a su superior Etchecolatz. En un principio sostuvo que no calificaba a esos crímenes como delitos de lesa humanidad —de carácter imprescriptible— y consideró que "la acción penal se encuentra prescripta, meramente por el paso del tiempo".

"En mi opinión no estamos ante un delito de lesa humanidad. Aunque hablemos de un plan sistemático (de apropiación de menores), hoy estamos hablando de un caso, los demás no están", dijo en su alegato la defensora oficial. No obstante, este dejó de ser un punto de discusión cuando los querellantes criticaron en sus réplicas la postura de la abogada. "No quise decir que no fueran delitos de lesa humanidad", se desdijo, más tarde, Díaz.

Los alegatos de los fiscales

El fiscal Hugo Cañón abrió su intervención con un relato del contexto social y político en el que ocurrió la sustracción de Carmen Sanz y la posterior supresión de su identidad. "El golpe de estado se produce con la intención de implementar un plan criminal de exterminio", sostuvo e hizo referencia a los hechos ya comprobados en el Juicio a las Juntas, en donde "se explica el mecanismo detallado de este plan criminal".

Cañón describió las prácticas del terrorismo de Estado y habló del funcionamiento de las estructuras jerárquicas de la dictadura, en las que "las órdenes secretas y generalmente verbales apuntaban a garantizar impunidad".

"(La dictadura) fue una cacería de conejos y no una guerra sucia", señaló, y destacó el "concepto mesiánico de Etchecolatz" cuando en su declaración indagatoria del jueves pasado dijo que "había que terminar con esa lacra", en referencia a los desaparecidos.
 

Además, Cañon enmarcó la práctica de apropiación de menores dentro de la lógica de la eliminación sistemática de personas: "Debían ser exterminados ellos y su descendencia", remarcó.

El fiscal también refutó los intentos de Etchecolatz por despegarse de la cadena de mandos que lo involucra en los delitos cometidos en las dependencias bajo la órbita de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

"El imputado quiere ampararse en la estructura jerárquica, pero esto tiene una relatividad inmensa", indicó Cañón, y añadió: "En los hechos, el tema era la capacidad de decisión. Y la Dirección de Investigaciones fue la mano derecha por medio de la cual trabajó (el entonces jefe de la Policía, Ramón) Camps en esta represión ilegal".

Luego Cañón cedió la palabra al fiscal Carlos Dulau Dumm, quien se refirió al caso concreto que se juzga en este proceso. "Encuentro plenamente acreditados los hechos y la responsabilidad penal de Bergés y Etchecolatz", afirmó. "Se trata de una criminalidad sólo emparentada con la Alemania nazi de la década del '40", añadió.

El fiscal consideró que "el caso de Carmen Sanz es paradigmático del terrorismo de Estado", ya que hubo "una decisión tomada de suprimir la identidad, de falsificar documentos, de ocultamiento de la criatura".

Dulau Dumm también hizo referencia, al igual que los organismos querellantes, a los hechos probados en la causa 13 —Juicio a las Juntas— y en la causa 44 —"causa Camps".

"No tengo ninguna duda de que el autor de estos delitos es Jorge Antonio Bergés y que el partícipe necesario es Miguel Osvaldo Etchecolatz", sentenció. Y destacó: "Todas las pruebas habidas y por haber se contraponen a sus dichos".

En el marco de este caso el fiscal calificó los delitos de supresión de identidad y de falsificación de documento público como delitos permanentes, de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Sobre el cargo de retención y ocultación de una menor (artículo 146), sostuvo que "sí corresponde esta figura, como la querella siempre ha entendido", pero se abstuvo de pedir pena por ese delito ya que no lo había incluido en su requerimiento de elevación a juicio oral.

El fiscal no encontró atenuantes para los cargos. De hecho, consideró como agravantes el carácter de funcionario público de ambos imputados y, en el caso de Bergés, su condición de médico. Tanto para Bergés como para Etchecolatz, la fiscalía solicitó "la pena máxima que me permite esta imputación: 10 años". También pidió la anulación de toda la documentación referida a María de las Mercedes Fernández (Carmen Sanz). 

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