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13 de agosto de 2004


Derivaciones penales del Juicio por la Verdad

Unidad 9: APDH La Plata solicitó las detenciones de Dupuy y "Manchado" Fernández
El jefe del penal entre 1976 y 1980 fue imputado de nueve homicidios, cinco desapariciones y casi veinte tormentos. Fernández está acusado de tres desapariciones y un caso de torturas.

Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)



Abel Dupuy, director de la Unidad 9 durante la dictadura. (Foto: F. Martínez)

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Contra Dupuy 
La APDH La Plata acusa a Dupuy por los homicidios de Juan Carlos Deghi, Ángel Alberto Georgiadis, Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Luis Rapaport, Roberto Lasala, Marcos Ibañez, un hombre apodado "Gorosito" y otro de apellido Pintos; las desapariciones de Juan Pettigiani, Gonzalo Abel Carranza, Guillermo Oscar Segalli, Miguel Alejandro Domínguez y un hombre de apellido Gallardo; y las torturas sufridas por Eduardo Alberto Torres, Horacio René Matoso, Horacio Alejandro Micucci, José María Iglesias, Juan Antonio Frega, Luis Horacio Fernández, Pablo Monsegur, Raúl Codesal, Francisco Gutiérrez Virgilio, Mario Colonna, Julio César Morgodoy, Horacio García Gerboles, Gabriel Oscar Marotta, Diego Barreda, Carlos Alberto Slepoy, Alfredo Pedro Bravo, Pablo Díaz, Eduardo Alfredo Anguita, Alberto Clodomiro Elizalde, y Alberto Calvo. 

Contra "Manchado"

Ramón "el Manchado" Fernández, por su parte, fue imputado de las desapariciones de Carranza, Segalli y Domínguez y las torturas contra Morgodoy. 

LA PLATA.- La APDH La Plata pidió este mediodía las detenciones del jefe de la Unidad Penal N°9 de La Plata durante la dictadura, el prefecto Abel David Dupuy, y de Ramón "el Manchado" Fernández, reconocido torturador de esa cárcel. 

La solicitud, firmada por el secretario General de la Asamblea, Jaime Glüzmann, con el patrocinio del penalista Oscar Rodríguez, ingresó a las 13.25 en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Humberto Manuel Blanco. 

La APDH La Plata responsabilizó a Dupuy de las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los detenidos en aquel penal de esta ciudad, desde fines de 1976 a 1980, período en que el prefecto estuvo a cargo de la jefatura del penal. En la solicitud, de cuarenta páginas, el organismo individualizó nueve homicidios, cinco casos de desaparición forzada y 19 de tormentos. El "Manchado" Fernández, en tanto, fue imputado de tres desapariciones forzadas y un hecho de tormentos. 

"Lógicamente, estas son cifras exiguas al lado de lo que realmente ocurrió en la Unidad Penal N°9 de La Plata. Los casos aquí presentados son los que ha podido reunir esta querella, con una paciente e incansable pesquisa y revisión sobre los documentos judiciales actuales y de la época. Esta querella confía en que, con los recursos con que cuenta una investigación penal, se puedan encontrar nuevas víctimas y victimarios", señaló la APDH La Plata. 

En el mismo escrito, la Asamblea solicitó que se cite a prestar declaración testimonial al sobreviviente Julio Urien, quien compartió el cautiverio con Ángel Georgiadis (uno de los asesinados), y al ex juez federal porteño de la dictadura, Eduardo Marquardt, bajo quien estuvieron a disposición decenas de presos políticos, entre ellos varios desaparecidos, asesinados y torturados. 

"La Unidad Penal N°9 de La Plata fue una de las cárceles que más presos políticos recibió durante la última dictadura cívico militar. Gran parte de esa población provenía de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires y de otras zonas de la Argentina", señaló la Asamblea.

E indicó: "Esos detenidos, que llegaban torturados, con hambre y, en muchos casos, en magras condiciones de salud e higiene, encontraban en la Unidad Penal N°9 —donde eran "blanqueados" y puestos a disposición del Poder Ejecutivo—un trato similar al que recibían en los centros clandestinos de detención". 

En la U9, los homicidios y desapariciones eran encubiertos. Los presos que sufrían estos delitos eran liberados por la noche o de madrugada y en la misma puerta del penal eran secuestrados. De esa manera, su salida formal de la dependencia estaba asentada en los libros de la cárcel. También hubo casos de presos que fueron asesinados en un traslado, como los de Georgiadis, Horacio Rapaport, Dardo Cabo y Rufino Pirles.

La APDH La Plata señaló en el escrito que en la U9 "la tortura se manifestó en sus facetas psicológica y psíquica. La tortura psicológica se daba desde el mismo ingreso al penal: a las palizas y malos tratos que relataron largamente los detenidos ante la Cámara Federal, se sumaba el nombre popular de uno de los pabellones: 'Pabellón de la muerte'. Sólo quienes sufrieron el cautiverio en esas condiciones pueden expresar la sensación de desamparo frente a esa denominación y al conocimiento de que, en el penal o a la salida, podían ser asesinados o desaparecidos". 

En ese sentido, el organismo señaló que "los detenidos eran amenazados constantemente por los guardias penitenciarios con sufrir lo que habían sufrido las víctimas de homicidios o desapariciones a la salida del penal. Y era en ese mismo instante que el prisionero amenazado se enteraba de lo que había ocurrido con su compañero de celda. Revelador es el caso de la esposa del asesinado abogado Juan Carlos Deghi, que fue secuestrada con su marido a la salida del penal. Ella fue liberada al poco tiempo y Deghi apareció asesinado a balazos. Mientras esperaba que se hiciera efectiva la libertad de su esposo, la mujer era consultada por personal del Servicio Penitenciario sobre si era 'la viuda de Deghi'".

Dupuy se negó a declarar en el Juicio por la Verdad el 17 de octubre de 2001. Había sido citado por la Cámara Federal en carácter informativo, luego de que ese tribunal recibiera decenas de denuncias por los delitos ocurridos en la U9. Esos crímenes jamás habían sido investigados por la Justicia hasta ese juicio. 

La causa penal fue impulsada en abril de 2002 por el fiscal Félix Crous. El 21 de agosto del año pasado, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Marcelo Molina solicitaron al juez Blanco que declare la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y comience a investigar.

El caso de "Manchado" Fernández es nuevo. En aquel requerimiento de instrucción Molina y Dulau señalaron la presencia de un represor con ese apodo entre los torturadores, pero hasta el 28 de marzo de este año su identidad no había sido revelada. Fue el periodista Horacio Verbitsky, de Página/12, quien denunció que Fernández había sido nombrado en noviembre de 2003 como Secretario de Información del Servicio Penitenciario. 

El sobreviviente Julio Morgodoy relató en el Juicio por la Verdad que "había dos, tres o cuatro oficiales, que eran quienes manejaban la represión interna y la información hacia afuera, de nuestro comportamiento, de quiénes traían cosas, quiénes no traían cosas... Eran el oficial Rivadeneira, a quién le decían 'El Nazi'; Peralta, a quién le decían el "Vietnamita"; y dos oficiales de apellido Fernández. A uno le decían "Manchado", porque tenía vitiligo". Y agregó: "Yo he escuchado hablar a estos oficiales; manejaban datos de la desaparición de estas personas. Mi interés era nombrarlos, porque creo que ellos saben parte de la verdad que nosotros desconocemos".

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