Barros
Uriburu no vino y ahora Bendini
será responsable de que comparezca
Así
lo resolvió la Cámara Federal de La Plata. Ante la
ausencia del coronel, que debía comparecer hoy, el tribunal
ordenó una nueva citación para la semana próxima y
responsabilizó de la presencia del militar al jefe del
Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini.
Ver
más:
La
Asamblea pide al presidente Kirchner que separe a Barros
Uriburu del Liceo Militar (27-05-04)
APDH
La Plata pidió la citación de un coronel
acusado de ejecuciones y quema de cadáveres
(21-05-04)
Un ex policía narró
ejecuciones y quema de cadáveres (16-7-03)
Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
Barros Uriburu pegó el faltazo: ahora, si no viene el
próximo miércoles, lo traerá el Ejército (Foto: Diario Crónica, Comodoro). |
LA
PLATA.- El coronel Nicolás Barros Uriburu, acusado de
comandar ejecuciones de prisioneros y la quema de sus
cadáveres durante la última dictadura, no se presentó hoy
a declarar en el Juicio por la Verdad. La Cámara Federal
resolvió que deberá comparecer el próximo miércoles y
responsabilizó al jefe del Estado Mayor del Ejército,
Roberto Bendini, de la presencia del militar en los
tribunales.
Barros Uriburu había sido citado a declarar hoy al
mediodía en la causa en la que se investiga el paradero de
más de dos mil personas en la jurisdicción de los
tribunales federales de esta capital, a pedido de la APDH La
Plata.
La Cámara Federal, con las
firmas del presidente Leopoldo Schiffrin y del juez Julio
Reboredo, resolvió fijar una nueva audiencia "a fin de
que el coronel Nicolás Barros Uriburu comparezca a prestar
declaración sin juramento el día 16 del corriente a las 12
horas, con uso de la fuerza pública si fuera necesario,
debiendo esta orden ser ejecutada bajo responsabilidad del
señor jefe del Estado mayor general del Ejército, general
(Roberto) Bendini, sin perjuicio de la citación que se
efectúe por vía normal".
Esto significa que el
militar deberá comparecer obligatoriamente el próximo
miércoles y que tiene dos opciones para presentarse: por
sus medios o llevado por la fuerza pública, que deberán
ejercer sus camaradas del Ejército.
Dos abogados —uno de
ellos, el platense Sebastián Hornero Barrios; el otro se
identificó como procedente de la Capital Federal— se
presentaron hoy a las 10.30 en la secretaría del tribunal y
dejaron un escrito a nombre de Barros Uriburu, en el que el
militar señala que le corresponde declarar por escrito o
vía exhorto y que, si fuera necesaria su comparecencia
personal, pide que le paguen los gastos de traslados.
El juez Schiffrin se
enteró de la presentación hacia las 11.30, cuando estaba
tomando testimonio a un policía. Entonces, ordenó que
fueran a buscar a los abogados de Barros Uriburu para
tomarles declaración testimonial, pero los letrados ya no
estaban en el edificio de los tribunales. Luego, los jueces
se retiraron de la sala con el fiscal general Rodolfo
Marcelo Molina para deliberar casi una hora acerca de la
presentación del coronel.
Barros Uriburu, primer
militar en actividad citado a declarar en este juicio, dice
en el escrito que hizo llegar que "atento al rango de
coronel en actividad que ostenta en la fuerza, se le permite
volcar por escrito las manifestaciones que estime
corresponden o declarar vía exhorto ante la Cámara Federal
con jurisdicción en el asiento de su destino, Comodoro
Rivadavia en este caso".
El militar cita el fallo de
la Cámara Nacional de Casación en el caso "Corres,
Julián Oscar s/recurso de queja", en el que el máximo
tribunal penal ordenó que no se cite a miembros de las
Fuerzas Armadas a declarar como testigos en los juicios por
la verdad, y señala que le corresponde el "tratamiento
especial" prescripto en el artículo 250 del Código
Procesal Penal de la Nación, en el que se sostiene que
"no estarán obligados a comparecer" determinados
funcionarios públicos, como el presidente, los legisladores
y miembros del Poder Judicial, y "los oficiales
superiores de las Fuerzas Armadas, desde el grado de coronel
o su equivalente, en actividad", entre otros
funcionarios.
En su segundo párrafo, el
artículo 250 señala que "según la importancia que el
juez atribuya a su testimonio y el lugar en el que se
encuentren, aquellas personas declararán en su residencia
oficial, donde aquél (el juez) se trasladará, o por un
informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo
juramento".
No obstante estos
argumentos, el militar dice en el escrito que "en caso
de contar el tribunal con la necesidad de hacer comparecer
personalmente al suscripto" solicita "la
indemnización que prudentemente corresponda para los gastos
de traslado".
La Cámara Federal, por su
parte, resolvió —con la adhesión del fiscal Molina—
que "la citación efectuada se ajusta a lo prescripto
por la Cámara de Casación Penal en la causa 'Corres,
Julián Oscar s/ recurso de queja', toda vez que la persona
llamada a declarar no lo es en calidad de testigo y por
consiguiente no se beneficia con el tratamiento especial
establecido por el articulo 250 del Código Procesal Penal
de la Nación".
En otras palabras, de la
resolución se desprende que no se dan en este caso ninguno
de los supuestos esgrimidos por Barros Uriburu, dado que el
coronel fue citado a declarar sin la obligación de prestar
el juramento al que están obligados los testigos.
El militar, que actualmente
se desempeña como director del Liceo Militar General Roca
de Comodoro Rivadavia (Chubut), estaba hoy en Buenos Aires
"en comisión", según informó Radio La Red de
aquella ciudad a este organismo.
El 27 de mayo, la APDH La
Plata solicitó al presidente Néstor Kirchner que "en
su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
arbitre los medios necesarios para apartar en forma
inmediata del cargo de director del Liceo Militar General
Roca y de cualquier otro cargo vinculado a la formación de
futuros militares al coronel Nicolás Barros Uriburu" y
aún no ha obtenido respuesta a ese pedido.
El 16 de julio de 2003
Barros Uriburu fue identificado en el Juicio por la Verdad
por el ex conscripto Miguel Ángel Pajón como el líder de
un grupo de militares que llevó a cabo ejecuciones masivas
de prisioneros y quema de cadáveres en la Compañía de
Ingenieros X "Pablo Podestá" de San Martín.
El militar también había
sido denunciado junto a otros camaradas por el ex conscripto
Héctor Enrique Torlaschi ante la Conadep por los mismos
delitos.
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