Unidad 9: un nuevo testimonio
complica al jefe Dupuy
La esposa de Ángel Georgiadis declaró en la causa penal en la que se investigan los crímenes cometidos en la cárcel de La Plata. Dijo que días antes de morir su esposo fue llevado a la oficina del jefe del penal, donde le advirtieron que iba a ser asesinado.

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Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

"Teté" Piñero, esposa del asesinado Angel Georgiadis. "El juez Russo no hizo nada", señaló. (Foto: F. Martínez)

LA PLATA.- La esposa del asesinado Ángel Alberto Georgiadis aseguró hoy en el Juzgado Federal N°1 de esta ciudad que su marido fue encapuchado y llevado a lo que identificó como el despacho del jefe de la Unidad Penal N°9, Abel David Dupuy, donde un grupo de represores le advirtió que iba a correr la misma suerte que Dardo Cabo y Rufino Pirles, ultimados en enero de 1977 en una falsa fuga.

María Teresa "Teté" Piñero declaró durante más de dos horas en el tercer piso de los tribunales ante la secretaria del juez Humberto Blanco, Sandra Mañanes, y con la asistencia del abogado de la APDH La Plata Oscar Rodríguez. En su extenso testimonió narró que su esposo fue detenido en la Capital Federal por una infracción de tránsito el 16 de julio de 1975 y luego fue procesado por violación a la denominada ley "antisubversiva", N°20840, porque en el Citröen que manejaba le encontraron panfletos de Montoneros, agrupación en la que militaba.

La esposa de la víctima aseguró que, inmediatamente, su esposo fue alojado en el Penal de Devoto y que en diciembre de 1975 fue trasladado a la Unidad Penal N°9 de La Plata y puesto a disposición del juez federal platense Leopoldo José Russo.

En ese período, el matrimonio sufrió un allanamiento ilegal en su casa de Lomas de Zamora, que fue saqueada. Hoy, por primera vez, Piñero denunció ante un tribunal los objetos de aquel saqueo: alhajas, las alianzas, un juego de té regalo de Arturo Jauretche, una radio, fotografías y documentación personal.

Entre estos papeles había una carta que Ángel le había escrito cuando estaban de novios. Esa carta decía, emulando a Raúl Scalabrini Ortiz: "Yo ya no estoy solo ni espero, porque te encontré a vos". Y, más adelante, señalaba: "Somos la voz de los que no tienen voz". "A esa carta la incorporaron como prueba en la causa por infracción a la ley antisubversiva. El juez Russo me la devolvió toda sellada y firmada después de la muerte de Ángel", relató Piñero.

Hasta el 13 de diciembre de 1976 el presidio de Georgiadis había sido en "buenas" condiciones. Pero ese día, que coincidió con la asunción de Dupuy a la jefatura del penal, todo cambió. "A las 5 de la mañana se produce una gran requisa, terrible, con muchos golpes. A mi marido lo golpean y lo torturan. Él me enviaba cartas pero nunca me lo contó. Me enteré por otro preso que estaba en la celda de al lado, que me dijo que escuchó que a Ángel lo golpearon y lo torturaron varios hombres y por mucho tiempo, y que no se quejó. Me dijo que, al día siguiente, Ángel le dijo que le avisara a los otros compañeros que estaba orinando sangre", declaró.

Georgiadis ese día fue alojado en las celdas de castigos, denominadas "chanchos", en el "Pabellón de la Muerte".

El 5 de enero de 1977 los hombres de Dupuy llevaron a cabo los dos primeros asesinatos de una larga lista: Dardo Cabo y Rufino Pirles fueron ejecutados en Coronel Brandsen, cuando eran trasladados a otro penal. La versión que se hizo correr, al igual que en las contemporáneas masacres de Las Palomitas (Salta, 6/7/76) y Margarita Belén (Chaco, 13/12/76), fue que habían querido fugarse.

Diez días después de aquel episodio, Georgiadis, el médico Horacio Crea y Julio Urien fueron encapuchados en sus celdas. "Los llevaron a una habitación que ellos creían que era la oficina del jefe del penal y les dijeron que les iba a pasar lo mismo que a Cabo y Pirles", señaló Piñero.

En paralelo, narró la mujer, el obispo de Morón, monseñor Justo Laguna (miembro de la APDH de la Capital Federal), "recibía denuncias sobre las amenazas de muerte contra los detenidos de la U9. Hizo varias gestiones en la Casa de Gobierno".

El 26 de enero comenzó el periplo para Georgiadis. Nuevamente fue sacado de su celda junto a Julio Urien. "Los militares se lo llevaron en una ambulancia al Regimiento 7 (de La Plata)", aseguró la mujer. Esa es la última vez que alguien lo vio con vida. Urien fue liberado inmediatamente porque su familia había realizado gestiones ante el ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, que era pariente lejano de su madre.

"Cuando lo liberan a Urien, lo cambian por (Horacio) Rapaport. Horacio gritaba (en la U9) 'me llevan para matarme'", reveló Piñero.

El 1° de febrero de 1977, Piñero y Susana Quiróz de Rapaport recibieron el mismo telegrama, firmado por el "Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires". El texto de aquel mensaje, que fue incorporado hoy a la causa, dice: "El día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo Ángel Alberto Giorgiadis Otero de la Unidad 9 por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del Área Operacional 113 se infirió lesiones por auto agresión las que le ocasionaron su deceso".

Hasta ese día Piñero desconocía el paradero de su esposo. La última noticia había sido que el 26 de enero lo habían trasladado los militares, pero no sabía a dónde. Entonces fue a ver al juez Russo: "No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos", le respondió el fallecido magistrado, en alusión a que la mujer podía también desaparecer.

Cuando conoció la noticia de la muerte de su esposo, Piñero comenzó a divulgar el caso e inició una lucha incesante en el juzgado para recuperar el cuerpo. "Russo no hizo nada", señaló. Recién el 28 de febrero un comisario de apellido Rivero le informó en la Jefatura de Policía que su esposo estaba enterrado en una tumba del Cementerio de La Plata.

Una de las últimas frases que los compañeros de celda escucharon de Georgiadis fue: "Somos como canarios enjaulados. Estamos a la espera del zarpazo del gato".

En la causa penal por los delitos cometidos durante la dictadura en la Unidad 9 se investigan también los asesinatos de Juan Carlos Deghi; Dardo Cabo; Rufino Pirles; Horacio Luis Rapaport; un hombre de apodo "Gorosito", que sería Humberto Mariano Rodríguez; Roberto Lasala; Marcos Ibañez; y un hombre de apellido Pintos. Además, se investigan las desapariciones de Juan Pettigiani, Gonzalo Carranza, Guillermo Segalli, Miguel Alejandro Domínguez y un hombre de apellido Gallardo.

A este cuadro se suman las decenas de denuncias por tormentos sufridas por los desaparecidos, asesinados y la larga lista de sobrevivientes que poblaron una de las cárceles que más presos políticos alojó durante la última dictadura.

El prefecto Abel David Dupuy, que se negó a declarar cuando lo citaron en el Juicio por la Verdad, encabeza la lista de los imputados junto a otros 18 penitenciarios, militares y civiles. El 21 de agosto del año pasado, los fiscales Carlos Dulau Dumm y Marcelo Molina solicitaron al juez Blanco que declare la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y comience a investigar. El de Piñero fue el primer testimonio que tomó el juez, pero aún no se ha pronunciado por la validez de las dos leyes.

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