Unidad 9: dos fiscales pidieron la
nulidad de las leyes de impunidad
Marcelo Molina y Carlos Dulau Dumm solicitaron que se investiguen los delitos cometidos en esa cárcel durante la dictadura. Hay 19 imputados, entre militares, civiles y agentes penitenciarios.

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 (23-05-01B)


Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- Los fiscales generales de La Plata Marcelo Molina y Carlos Dulau Dumm pidieron al juez federal Humberto Blanco que declare la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e investigue los delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal N°9 de La Plata durante la última dictadura cívico militar.

Los fiscales, de esta manera, respondieron la vista de la causa que les había conferido el juez y presentaron el requerimiento de instrucción en este expediente, iniciado por el ex fiscal del Juicio por la Verdad, Félix Crous, con las denuncias realizadas desde 1998 por las víctimas en ese proceso.

Si bien aún no solicitaron la detención debido a que en los próximos días ampliarán el requerimiento de instrucción, los fiscales imputaron los delitos de lesa humanidad a 19 militares, civiles y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, que fueron identificados de la siguiente forma: teniente coronel Gatica; mayor Guastavino; coronel (Carlos Oscar) Sánchez Toranzo; oficial Parenti; oficial Fernández, alias "Manchado"; Oficial Fernández, alias "Virulana"; oficial Jildler; oficial Peralta, alias "el vietamita"; capitán (Alfredo) Astiz; Carlos Castillo, alias "el indio"; Carlos Cardoso; José Díaz o Juan Rivadaneira, alias "el nazi"; Oscar Leiva, alias "el negro"; Masotta; Quinteros; Tralaman, alias "el turco"; Néstor Beroch; Oficial Perata; y el prefecto (Abel David) Dupuy, director de la U9.

"Entre los años 1976 a 1984 en la Unidad N°9 de la ciudad de La Plata, (las víctimas) fueron privados ilegítimamente de sus libertades, sometidos a torturas, sumidos a condiciones infrahumanas de detención y asesinados por
personal de las fuerzas de conjuntas que ejercieron el terrorismo de Estado durante el denominado 'Proceso de Reorganización Nacional'", señala el dictamen fiscal.

El escrito recoge fragmentos de las declaraciones en el Juicio por la Verdad del fallecido maestro Alfredo Bravo, del abogado de la acusación popular en España Carlos Slepoy, del periodista Eduardo Anguita, de otros sobrevivientes como Horacio García Gerbolés, Pablo Díaz, Alberto Elizalde, Alberto Calvo, Diego Barreda, Mario Colonna, Gabriel Marotta y Julio César Morgodoy; y de Elena Deghi, hija de un desaparecido.

Los fiscales, según señalan en el escrito, anuncian que los próximos días ampliarán el requerimiento dada la enorme cantidad de testimonios que refieren las violaciones a los derechos humanos en esa unidad carcelaria. 

Molina y Dulau Dumm sostuvieron la competencia de los tribunales federales de La Plata para juzgar estos casos, saliendo al cruce de una eventual declaración de incompetencia por parte del juez Blanco.

Para pedir la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, Molina y Dulau Dumm rescataron los argumentos del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, en el dictamen presentado ante la Corte en la causa "Astiz, Alfredo y otros s/delito de acción pública", aún pendiente de
resolución.

En ese escrito Becerra sostuvo que "puesto ante la decisión de precisar los alcances de la obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho a la justicia, creo que el compromiso estatal no puede agotarse, como regla de principio, en la investigación de la verdad, sino que debe proyectarse, cuando ello es posible, a la sanción de sus responsables".

Esta es la séptima causa en la que la fiscalía pide la invalidez e inconstitucionalidad de la leyes de impunidad, pero ninguno de los dos jueces platenses competentes -Blanco y Arnaldo Corazza- se ha expedido sobre el punto.

Los casos

"Cuando entramos nos desnudaron. Los detenidos formamos en fila india y pasamos, entre golpes del personal penitenciario, hasta nuestra celda", recordó en el Juicio por la Verdad el abogado de la AAPDH de Madrid, Carlos
Slepoy.

Alberto Elizalde, en tanto, denunció que "nos recibió un comité de bienvenida que nos hizo desnudar, nos golpeó y nos puso en celdas de  castigo". Y reflexionó: "Con el golpe de Estado, (las cárceles) se convirtieron en una especie de réplica de los campos de concentración".

El bioquímico Horacio Micucci -cuyo testimonio aún no fue incorporado al expediente- recalcó que "en el régimen de detención no había excesos", porque "no era un exceso que hubiera calabozos tan anchos como de tres y cuatro pasos; no era un exceso tener que tomar agua de la letrina. Eran disposiciones".

José Pablo Monsegur, otro de los testimonios que debe incorporarse, enumeró los malos tratos: "Había golpes, quemaduras con cigarrillos y descargas eléctricas", dijo. Y Alberto Calvo recordó que una vez fue el jefe policial, Ramón Camps, a pegarle a los detenidos.

Uno de los casos paradigmáticos de la Unidad 9 fue el del abogado de Zárate, Juan Carlos Deghi, liberado de la unidad penal en la noche del 21 de marzo de 1978 y secuestrado a 200 metros de la puerta  por un grupo de diez personas.

El cuerpo de Deghi apareció a dos días después a la vera de la ruta 36.
Tenía un balazo en la cabeza y otro en el pecho.

"Mi madre esperaba (en la U9) desde la cuatro de la tarde y con sarcasmo le preguntaban si era la viuda de Deghi", contó Elena, la hija del abogado, en agosto de 2000. La Cámara Federal pudo comprobar que la Policía había pedido "zona liberada" en el lugar donde apareció el cuerpo.

Alfredo Bravo dijo ante la Cámara que dentro del penal se supo lo que había sucedido con Deghi y que "por eso nadie quería salir de noche".

Alberto Calvo recordó que "en la cárcel habíamos escuchado que a algunas liberaciones les seguía un nuevo secuestro y desaparición". En esta línea, Elizalde resaltó que los presos tenían miedo de quedar libres: "No queríamos interponer recursos ni que se concretara la libertad porque nos dábamos cuenta que el riesgo era más alto", expresó.

De acuerdo a los testimonios de los ex detenidos, en la U9 se agrupaba a los presos políticos de acuerdo a su "peligrosidad". Según Slepoy, el pabellón 16 era para los denominados "perejiles", mientras que Bravo mencionó el de "las cuatro p" ("presos por puro pelotudos").

Slepoy y Elizalde también se refirieron a los "pabellones de la muerte". Este último dijo que en estos lugares "los presos eran como rehenes de los militares" porque "en la medida en que hubiera acciones de la guerrilla, sacaban gente de ahí para matarla".

El periodista Eduardo Anguita recordó que el 5 de enero de 1977 fueron sacados del penal Dardo Cabo y Rufino Pirles, quienes murieron  "acribillados", y que quince días después pasó lo mismo con Angel Georgiadis y Horacio Rapaport, a cuyos familiares les informaron que habían muerto por suicidio y por un intento de fuga, respectivamente.

Anguita también denunció la desaparición de los prisioneros Jorge Roberto Petiggiani, Gonzalo Carranza y Guillermo Segalli.

En tanto, el sobreviviente Julio Morgodoy agregó a esta lista el asesinato de Guillermo Legal, ocurrido el 2 de febrero de 1977, tras recuperar la libertad.

La mayoría de los sobrevivientes que en el último tramo de su detención pasaron por una unidad penal a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, estuvieron primero en el circuito clandestino de detención. Es decir, en un principio permanecieron desaparecidos en algún campo de concentración y, tras ser torturados y vejados, fueron llevados a una unidad penal.

Pero también sucedió a la inversa. Al bioquímico Micucci, detenido en mayo de 1975, lo sacaron de la U9 la noche del 2 de agosto de 1978 para llevarlo a un centro clandestino de Arana, donde fue torturado y sufrió simulacros de fusilamiento. A los tres días, lo devolvieron al penal.

La historia de la causa

La causa por los delitos cometidos en la U9 fue iniciada en abril del año pasado por el ex fiscal del Juicio por la Verdad, Félix Crous, quien luego de examinar los testimonios de ese proceso judicial radicó la denuncia penal ante el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, Humberto Blanco.

Este magistrado se declaró incompetente para intervenir y remitió el expediente a su par porteño Rodolfo Canicoba Corral. En Buenos Aires, la causa no registró movimiento hasta que en febrero de este año la APDH La Plata se presentó como querellante y le pidió a Canicoba que decline su competencia. El juez porteño acogió el pedido de este organismo y devolvió la causa a Blanco, que la trasladó a los fiscales Molina y Dulau Dumm para que realicen el requerimiento de instrucción.

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