Comisaría 5°: Corazza se declaró
incompetente y APDH La Plata apeló
El juez insiste en que un juzgado porteño debe investigar los delitos cometidos en La Plata. Este organismo argumenta con la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, que "prohíbe la intervención de otros tribunales distintos de los comunes". Presentación de querellantes en la denuncia contra Von Wernich.

Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- La APDH La Plata apeló este martes la resolución en la que el juez federal Arnaldo Corazza se declaró incompetente para intervenir en la causa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría 5° durante la última dictadura cívico-militar.

Corazza, que había delegado la instrucción del caso en el fiscal Félix Crous, esperó a que éste presentara la solicitud de detención e indagatoria de 62 militares y policías implicados en esos delitos para declararse incompetente.

El juez, que dictó su resolución el 30 de diciembre -horas antes del comienzo de la feria judicial-, entiende que la investigación por los crímenes cometidos en la comisaría 5° de La Plata debe llevarla un juzgado federal de primera instancia de la Capital Federal.

La resolución judicial fue apelada en enero por el fiscal Crous y este martes por la APDH La Plata. El plazo de apelación se extendió porque el juez elevó la causa a la Cámara Federal para que resuelva la apelación fiscal sin notificar a este organismo de su resolución de incompetencia.

Por eso, el expediente fue devuelto al juzgado y se concedió el derecho de apelación a la Asamblea.

El argumento de Corazza para que el caso se juzgue en Buenos Aires es una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el 30 de diciembre de 1985 resolvió un conflicto de competencia entre las cámaras federales de La Plata y Buenos Aires a favor de esta última. Aquella resolución se basó en razones de "economía procesal" y "en la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia", ya que existía una "pluralidad de hechos conexos" con casos de la Capital Federal, cuestión que ahora no ocurre.

La APDH La Plata considera que los hechos ocurridos en esta ciudad deben ser juzgados aquí. Y argumenta en su apelación lo dispuesto por la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, con jerarquía constitucional desde 1997 -a través de la ley 24.820-, que "prohíbe la intervención de otros tribunales distintos de los comunes, en particular de los militares", sostiene el organismo. Y agrega: "Las leyes sobre procedimiento y competencia son de orden público y por consiguiente, las nuevas que se dicten, aún en caso de silencio de ellas, se aplican a las causas pendientes, siempre que no importe privar de validez a los actos procesales ya cumplidos o dejar sin efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores". Es decir, la Convención debe aplicarse en este caso.

Además, el escrito presentado por la Asamblea le recuerda al juez Corazza una resolución adoptada por la Cámara Federal de La Plata en pleno en la denominada "causa Etchecolatz" -en la que se investigan delitos cometidos por el ex director de Investigaciones de la policía, Miguel Etchecolatz, revelados en el Juicio por la Verdad-, donde el tribunal de alzada, por mayoría, entendió que los crímenes cometidos por el represor deben ser juzgados por los tribunales locales. No obstante, esa causa está hoy en manos del juez porteño Sergio Torres, por decisión de la Sala I de la Cámara.

El fiscal Crous agregó a los argumentos la inconveniencia de investigar en otra jurisdicción delitos que se cometieron a pocas cuadras de los tribunales competentes para juzgarlos, por parte de represores con residencia y mando en esta ciudad. Eso, dice el fiscal, conllevaría al

traslado del juez a La Plata para la instrucción y al traslado de testigos e imputados a Buenos Aires, lo que "de ninguna manera contribuye a la economía procesal".

Al declararse incompetente, Corazza repitió las resoluciones que había adoptado en la "causa Etchecolatz" y en la que se investigan el secuestro y desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez.

Las apelaciones del fiscal Crous y de la APDH La Plata deberán ser resueltas ahora por la Sala III de la Cámara Federal platense, integrada por los jueces Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y el recientemente asumido Carlos Alberto Vallefín.

Contra Von Wernich

La APDH La Plata se presentó ayer como querellante en la causa en la que se investigan los delitos cometidos por el ex capellán de la Policía bonaerense, Christian Von Wernich, en el circuito clandestino de represión de la última dictadura.

La causa se inició el 5 de febrero pasado cuando el fiscal Félix Crous denunció al sacerdote por privaciones ilegales de la libertad, torturas agravadas, falsedad ideológica de documentos públicos y homicidios. El caso también está en manos de Corazza.

En su pedido de parte querellante, el organismo señaló que los delitos cometidos por Von Wernich "nos ofenden particularmente. Como miembros de la sociedad argentina, hemos sido lesionados por la comisión de delitos de lesa humanidad y también por la impunidad que hasta hoy disfruta el autor de estos delitos". Y luego agrega: "Nos asiste el derecho de procurar no sólo la verdad, como lo hacemos en los más de dos mil procesos en que somos parte ante la Cámara Federal de Apelaciones, sino también el juicio y el condigno castigo a los responsables del genocidio perpetrado en nuestro país".

Esa era la preparación del plan para ejecutar a los tres detenidos y la víctima del golpe sería Domingo Moncalvillo. Una comisión de policías, entre los que estaba Emmed, Von Wernich y el médico policial Jorge Bergés trasladarían a los tres prisioneros, bajo el engaño de que los llevaban a tomar un barco que l os dos que íbamos al lado quedamos manchados".

El auto se dirigió a un descampado, donde aguardaba el médico Bergés: "Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico les aplica dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren pero el médico da a los tres como muertos. Se los carga en una camioneta de la Brigada y los lleva a Avellaneda. Fuimos a asearnos y cambiarnos de ropa porque estábamos manchados de sangre. El padre Von Wernich se retiró en otro vehículo. Inmediatamente nos trasladamos a la Jefatura de Policía donde nos esperaba el Comisario General (Miguel) Etchecolatz, el padre Christian Von Wernich y todos los integrantes de los grupos que habían participado en el operativo. Allí el cura Von Wernich me habla de una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido; me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país. Estas fueron sus palabras textuales", relató Emmed, quien cuando tuvo que declarar en el Juicio a las Juntas negó los hechos. Días antes había denunciado amenazas de muerte.

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