Comisaría 5º: el fiscal pide la detención
e indagatoria de 62 represores
También solicita la declaración de nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. La mayoría de los imputados son policías bonaerenses. La acusación está centrada en los resultados de la investigación del Juicio por la Verdad.

Ver además: Listado de imputados y de víctimas del centro clandestino

Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- El fiscal federal Félix Crous solicitó hoy la detención e indagatoria de 62 militares y policías comprometidos en la represión ilegal llevada a cabo en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5º de esta ciudad durante la última dictadura cívico-militar. El dictamen incluye, además, la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Crous, fiscal delegado por la Procuración General para intervenir en el Juicio por la Verdad y las causas que se derivan de él, presentó el dictamen de 220 carillas en el Juzgado Federal Nº3, a cargo de Arnaldo Corazza.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata, querellante en el proceso, presentó otro escrito adhiriendo a la solicitud.

El dictamen fiscal recoge las denuncias realizadas en el Juicio por la Verdad de La Plata por sobrevivientes, familiares de desaparecidos y ex policías de la provincia de Buenos Aires.

El pedido incluye la detención e indagatorias siguiendo la cadena de mandos desde el entonces titular del Cuerpo I de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, hasta quienes ejercieron las funciones de cabo de guardia en la comisaría 5º. De los 62 imputados, 53 son policías bonaerenses que formaron parte del personal de la seccional.

El dictamen homologa la detención ilegal con el tormento: “Cada uno de los imputados deberá responder en calidad de autores, coautores o partícipes necesarios, según la jerarquía que hayan ostentado en el aparato organizado de poder, por el delito de tormentos reiterados impuestos masivamente a la totalidad de los secuestrados alojados en el centro clandestino de detención comisaría 5º de La Plata, puesto que no otra cosa implicó la detención en las condiciones inhumanas que se describen, de cada uno de los detenidos ilegales”, señala Crous. Y agrega: “Deberán responder también, en las calidades antes aludidas, según corresponda, por los homicidios de aquellos damnificados que no hayan sido liberados”.

El fiscal señala que, no obstante las denuncias particulares de cada sobreviviente o familiar, en la 5º todos los detenidos fueron víctimas de torturas físicas y psíquicas: “Es evidente que las infrahumanas condiciones de detención de los secuestrados, el trato que recibían, la amenaza cierta del sufrimiento de agresiones en forma de tormentos directos por parte de los verdugos, o de la muerte; la presencia de niños secuestrados o el alumbramiento por parte de madres cautivas, lo cual recordaba que los hijos de los detenidos estaban a merced de una aparato criminal que no reparaba siquiera en los infantes; todo ello y cualquiera de estas facetas del terror estatal, constituye un cuadro de tortura física y/o psíquica a la cual han estado sometidos los prisioneros”.

La solicitud contiene un pormenorizado relato de los sufrimientos padecidos por los detenidos ilegales a través de la cita de los testimonios brindados ante la Cámara Federal en el marco del Juicio por la Verdad. También cita a varios policías que reconocieron la existencia del centro clandestino y describieron su funcionamiento. Uno de ellos es Raúl Omar Piacentini, quien reconoció que en la 5ª hubo “nacimientos y muertes” y que las muertes se habrían producido porque las víctimas “se quedaron en la máquina”, con lo que aludió a la tortura con picana.

El relato de los delitos está divido en dos partes: la declaración de los sobrevivientes y familiares y de la investigación que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos plasmó en un Trabajo de Recopilación de Datos, por un lado; y la declaración de policías que revistaron en la 5º, por otro.

Crous, asimismo, asegura que los delitos no son sólo atribuibles a quienes “hayan tenido el dominio del hecho”, a quienes emitieron las órdenes, a quienes las retransmitieron y “a los jerarcas con funciones de dirección y comando”, sino también al resto del personal de la comisaría: “A todos y cada uno de los policías que revistaron en la comisaría 5º en ese tiempo funesto debe reprochárseles su contribución a la comisión de los hechos que nos ocupan, puesto que efectuaron su aporte mediante la custodia de los detenidos, brindando seguridad al local para la continuidad del secuestro tanto como para los demás aspectos del aparato de aniquilamiento, que requerían que los secuestrados permanecieran detenidos”.

Así, si bien en las investigaciones realizadas sobre la 5º quedó demostrado que en el fondo de la comisaría dos “patotas” pertenecientes a fuerzas militares y de seguridad disponían de los detenidos, el dictamen fiscal señala responsables a todos los policías de la seccional.

La acusación se fundamenta en que “ha quedado claro que la custodia de los detenidos estaba a cargo de las policías de la dotación regular de la comisaría 5º”, quienes “se encargaban del aseo, la comida, la comunicación entre mujeres y hombres, cuando no se divertían atormentado a los prisioneros, por puro sadismo. Todos y cada uno de ellos, al ingresar en cada nuevo turno a tomar servicio a la seccional, han renovado la decisión de contribuir, con el cumplimiento de la misión que les era asignada, al funcionamiento del CCD, y con ello al mantenimiento -cuanto menos- de la condiciones de detención ilegal gravísimas, tormentos en sí mismas y en tantos casos antesala del asesinato”.

De esta manera, Crous avanza también contra las declaraciones de la mayoría de los policías que revistaron en la 5º, quienes sostuvieron que en el fondo de la seccional funcionaba un “área restringida” a la que no tenían acceso y en la que sólo actuaban las denominadas “patotas” de las “fuerzas conjuntas”.

“Creo que nadie que razone de buena fe a esta altura de las pacientes y minuciosas pesquisas realizadas, puede conjeturar que quien asistiera a tan dantesco panorama podía soslayar que esas dependencias infernales fueran centros de exterminio; y que la muerte fuera el destino más que probable de los cautivos”, agrega.

Esta causa se caracteriza por tener una gran cantidad de imputados de baja graduación. La mayoría de las causas por crímenes cometidos por la dictadura involucró sólo a los represores con alto nivel jerárquico y con poder de mando.

El dictamen fiscal repara sobre esa cuestión y la responsabilidad de cada uno de los represores. Dice que cada imputado aportó “su grano de arena” en el terrorismo de Estado: “Quien cada día renovó la decisión de permanecer en el aparato terrorista, y volvió a sus tareas en el CCD —en la experiencia argentina, como en otros genocidios del siglo pasado, no hay evidencias de que quien se alejara del aparato terrorista sufriera consecuencias disvaliosas de relevancia—, aportó su grano de arena en los términos del artículo 45 del Código Penal a la detención torturante de las victimas, y al homicidio, en el caso de los homicidios y desapariciones posteriores de los detenidos por ellos guardados”.

Crous realiza las imputaciones sobre privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a cada uno de los represores, tras haber cruzado las fechas de permanencia en la 5º de 115 sobrevivientes y desaparecidos con el período de trabajo de cada uno de los policías en la dependencia. La grilla de imputaciones se reproduce al final de este informe.

Según la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la comisaría 5º pasaron más de 190 ciudadanos detenidos ilegalmente entre abril de 1976 y marzo de 1978, aunque la mayor actividad se registró entre enero y mediados de 1977. En este período el comisario fue Osvaldo Sertorio.

Se sabe que en la comisaría 5° hubo, al menos, dos asesinatos: el de Diana Wlichky de Martínez y el de María Adelia Garín de De Angelis. Además, allí estuvieron detenidas en forma clandestina nueve embarazadas y fueron vistos los niños Sabino Abdala, María Eugenia Gatica (ambos restituidos a sus familias) y Mónica Graciela Santucho (desaparecida).

La nulidad de las leyes

Este es el segundo dictamen que se presenta en La Plata a favor de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El anterior también lo había presentado Crous en septiembre pasado en la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del poeta Daniel Favero y su esposa María Paula Álvarez.

La argumentación es similar a aquella y recoge, en gran parte, la expuesta por el ex juez federal y actual camarista porteño, Gabriel Cavallo, en la causa por la sustracción de la menor María Claudia Poblete.

Sobre la ley de Obediencia Debida —que sostiene que los represores actuaron en cumplimiento de órdenes superiores—, Crous asegura que impone al juez “una absurda versión de los hechos, en donde desaforadas patotas de criminales secuestraban, ultrajaban a mujeres y hombres, insultaban, humillaban, discriminaban por sexo, religión o condición social, extorsionaban y robaban hasta los enseres más insignificantes, mentían a los familiares y gozaban sádicamente con sus tropelías, y que esto sucedía sin comprender los alcances de su brutal accionar, o coaccionados por sus superiores”.

En este sentido sostiene que aquella ley “humilla a las víctimas, a la sociedad argentina, a la conciencia jurídica universal, a la más intuitiva y elemental moral humanista, a los principios éticos de los credos mayoritarios, al sentido común, a la inteligencia. Pero también humilla a los jueces, relegándolos al papel de declamadores, meros homologadores, de la falacia y la mentira”.

También afirma que las dos leyes “estaban destinadas a brindar impunidad total a la inmensa mayoría los ejecutores, a los retransmisores de órdenes o mandos intermedios, y a buena parte los oficiales superiores del aparato terrorista del Estado”.

“Conmueve entonces la perseverancia de las victimas que hoy siguen buscando pacíficamente verdad y justicia, frente a un Estado que se ha comportado en el pasado como un psicópata que ofrece la esperanza solo para frustrarla”, añade.

Y, tras un extenso desarrollo de la doctrina nacional e internacional sobre la materia, asegura: “Estas leyes que tanto han dañado la esperanza de afianzamiento de la Justicia una vez restablecida la democracia, entrañan la violación masiva de normas de máxima jerarquía nacional y supranacional, agravian a la República y ofenden el sentimiento de justicia de la comunidad internacional”.

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