Caso Mariani: la Cámara busca pruebas en un consultorio y en el Hospital Italiano
Quieren encontrar documentación que pueda determinar si el parto de la esposa de un policía existió o si se trata de los posibles apropiadores de Clara Anahí Mariani. El dueño del consultorio es el médico policial que firmó el acta del supuesto nacimiento y también los certificados de defunción del matrimonio Mariani.

Darbón se reencuentra con las partidas de defunción que firmó durante la dictadura (Foto: FM)

LA PLATA. - La Cámara Federal se encuentra en este momento buscando documentación en el consultorio de un ex médico policial que podría haber participado en la maniobra de apropiación de Clara Anahí Mariani, desaparecida en un procedimiento durante la última dictadura. Los jueces también dispusieron el allanamiento del Hospital Italiano, en donde el médico también trabajaba: allí, tres días después de la desaparición de la bebé, se produjo el supuesto parto de la esposa de un policía que participó en ese operativo.

Héctor Amílcar Darbón, ex médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, declaró hoy ante el Tribunal, primero en carácter testimonial y, luego, en carácter informativo, en la causa en la que se investiga el asesinato de Daniel Mariani y Diana Teruggi y la desaparición de su pequeña hija Clara Anahí, durante el violento ataque a la "Casa de la Resistencia", el 24 de noviembre de 1976.

Darbón está vinculado a esta causa en varios puntos: en primer lugar, fue quien firmó, como médico policial, las actas de defunción de Diana Teruggi y Roberto Porfidio, asesinados en ese episodio, y la de Daniel Mariani, a quien mataron nueve meses después. Y en segundo lugar, fue el médico que asistió el supuesto parto de la esposa de uno de los policías que participó de ese procedimiento y que, según el certificado de nacimiento firmado por Darbón, tuvo lugar el 27 de noviembre de 1976.

Hoy, el ex médico policial, al ser interrogado sobre su intervención en la confección de estos certificados, dijo que no recordaba "si yo hice el reconocimiento (de los cadáveres) y si sólo firmé el acta de defunción". Luego, utilizó el mismo argumento para poner en duda su participación en el supuesto parto de la esposa del policía: "No me consta si era mi paciente o si yo constaté el nacimiento que atendió otro médico".

"Si fue paciente mía, tengo que tener esa información en el fichero de mi consultorio privado", afirmó entonces Darbón.

A raíz de esto, el abogado Juan María Ramos Padilla, que participó de la audiencia en representación de María Isabel Chorobik de Mariani, la abuela de Clara Anahí, pidió hoy la detención del médico y el allanamiento de su consultorio, para buscar esos datos.

"La intervención del doctor Darbón en la vida de esta familia (en referencia a los Mariani) es constante. Aparece firmando el certificado de defunción de la madre de la niña sustraída, y aparece un año después (...) firmando el certificado de defunción del padre", sostuvo hoy Ramos Padilla. A esto se suma la participación de Darbón en el supuesto parto de la esposa del policía.

Ramos Padilla argumentó: "No es admisible que existan tantas coincidencias. Está claro que ya hay una presunción suficiente de que acá hubo una participación concreta en el ocultamiento de los rastros que permitió que hasta hoy no podamos encontrar a Clara Anahí Mariani". Y agregó: "Hay que allanar su casa porque vamos a encontrar documentación seguramente interesante".

Después de una discusión en la que participaron todos los abogados presentes, el Tribunal accedió a la solicitud de Ramos Padilla, que fue respaldada por el fiscal ad hoc Félix Crous y por la abogada de la APDH La Plata Marta Vedio. El juez Leopoldo Schiffrin dispuso "que se visite el consultorio del doctor y que él revise su fichero en nuestra presencia". Al cierre de esta edición, los jueces aún se encuentran en el consultorio privado del doctor Darbón, ubicado en 137 Nº 1460.

Además de tomar esta medida, los jueces determinaron también que se realice un allanamiento en el Hospital Italiano, en busca de los registros que puedan constatar si allí tuvo lugar o no el parto de la esposa del policía.

Sin embargo, la Cámara no accedió al pedido de detención que realizó Ramos Padilla. Schiffrin sostuvo que "no se encuentran los supuestos necesarios" para tal medida y que no se trata de "un caso de flagrancia" en relación a la posible participación del médico policial en la apropiación de la bebé.

También se discutió la manera en que se iba a informar de estas investigaciones a la presunta víctima, es decir, a la ahora joven de 25 años que habría sido apropiada por el policía y su esposa. La cuestión se dirimió cuando María Isabel Chorobik de Mariani solicitó que los jueces se encargaran personalmente de esa tarea. Schiffrin aseguró que mañana por la mañana se decidirá por qué vía se aproximarán a esta persona "de manera lo menos traumática posible".

Sobre la confección de las actas de defunción de las personas asesinadas en el ataque a la casa del matrimonio Mariani, Darbón dijo: "Recuerdo el episodio porque, cuando sucedió, yo estaba en el hospital atendiendo una cesárea y empezamos a escuchar el estruendo. Dos o tres horas después, empezaron a traer heridos", aseguró el médico. Uno de los heridos que ingresaron al nosocomio fue el policía cuya esposa supuestamente dio a luz a una beba tres días después. Esta persona ya ha declarado en el Juicio por la Verdad.

El 25 de noviembre de 1976, el médico recibió en la morgue policial los cuerpos de Diana Teruggi y Roberto Porfidio y, varios meses después, el de Daniel Mariani. Darbón manifestó que el 25 firmó el acta de defunción de "dos personas no identificadas que estaban totalmente carbonizadas". No obstante, en las actas de defunción en las que figura la firma del médico aparecen sus nombres.

"Pero yo recuerdo que eran NN porque tenían las fichas dactiloscópicas, que se usan cuando la persona no está identificada", sostuvo Darbón. Se le preguntó entonces si a un cadáver carbonizado se le podían tomar huellas digitales, y respondió que no. De esto se desprende que a los cuerpos se les tomaron primero las huellas y se los incineró después.

También se interrogó al médico sobre la presencia de impactos de bala en los cuerpos. Darbón esquivó la pregunta usando el mismo argumento que había utilizado antes: "No recuerdo, porque a mí me tocó hacer los certificados de defunción pero no el reconocimiento de la causa de muerte de las personas. Yo veo el libro y de ahí copio".

En la parte testimonial de su declaración, Darbón respondió preguntas más generales sobre los procedimientos de la policía para tratar con supuestos cadáveres NN que correspondan a personas que posiblemente hayan sido víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura.

"Lo que hacíamos (los médicos policiales) era inspeccionar el cuerpo y ver cuál era la causa de la muerte. Sólo se hacían autopsias cuando la causa no era clara", aseveró Darbón al respecto. Sobre los cadáveres que llegaban con pérdida de masa encefálica por proyectil de arma de fuego -es decir, un disparo en la cabeza-, dijo que "recuerdo que ha habido, era una época que nos trajo dolor a todos".

Caso Plaul

En la audiencia de hoy también declaró Patricia Escofet, esposa del desaparecido Osvaldo Plaul, secuestrado en la localidad de Remedios de Escalada el 4 de enero de 1977.

El secuestro se produjo en la tarde de ese día, cuando el matrimonio Plaul fue a visitar a Rosa Angélica Murno y su marido, Rodolfo Antonio Merediz, ambos desaparecidos. Antes de ingresar a la casa de sus amigos, los Plaul fueron sorprendidos por alrededor de 30 hombres armados: "Aparecieron en autos, detrás de los árboles y por las terrazas", dijo Escofet, que relató que los detuvieron e ingresaron en la vivienda.

Plaul y Murno fueron interrogados durante dos horas en la casa. Escofet pudo ver todo des de el patio, donde la tenían retenida los represores. Mientras esto ocurría, Merediz, que no estaba, arribó a la vivienda con su pequeña hija al hombro. Cuando vio el panorama, dio media vuelta y se fue, pero un vecino empezó a gritar que ahí estaba la persona que los secuestradores buscaban y finalmente se lo llevaron junto a Osvaldo Plaul y Rosa Merediz.

Escofet, en tanto, fue conducida hasta su casa por los represores en el auto de la empresa de su marido. "Me dijeron que si en 48 horas no tenía noticias, me olvidara de él", contó la testigo. Los secuestradores le robaron el auto y también el perro, que estaba dentro del vehículo.

Osvaldo Plaul era director de Operaciones Comerciales del Laboratorio Abbott. A partir de la averiguación que hizo Enrique Álvarez -segundo de Plaul en la empresa- ante un mayor del Ejército vinculado a su familia, Escofet pudo saber que su marido estaba detenido en el edificio de Coordinación Federal, en Buenos Aires. Después se enterarían de dos traslados más: al I Cuerpo de Ejército y a Campo de Mayo.

Otra gestión de la empresa ante el entonces coronel Martín Bonnet no dio resultado: el militar contestó que el operativo nunca existió y que Plaul no estaba detenido. "Nos recomendó presentar un hábeas corpus", relató Escofet. Así se hizo el 12 de enero de 1977.

Según contó la testigo, el mismo 4 de enero, en forma paralela, fueron secuestrados Facundo Urteaga y su esposa, Marina Grace Jara, y Atilio Catáneo y su pareja, de nombre Irene.

"Los secuestros tuvieron un denominador común: Osvaldo Pedrozo, amigo de todos ellos", dijo Escofet. De acuerdo a su relato, ese día Pedrozo -a quien identificó como periodista vinculado actualmente a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires- debía vender una casa a Roldolfo Merediz, quien iba a realizar la compra con un préstamo que le habían hecho los Urteaga.

Según dijo, Pedrozo no se presentó a realizar la operación. Tiempo después, y ante consultas de los familiares de los desaparecidos, el periodista habría recomendando que "no hicieran nada" ya que, insinuó, todos estarían muertos. "No hagan nada, si se llevan todas las pertenencias de la casa, quiere decir que los mataron", habría dicho Pedrozo, aludiendo al despojo que los militares hicieron de la vivienda de los Merediz, de la que se llevaron hasta los pisos de madera.

A mediados de los '80, Escofet se cruzó en un tren con Pedrozo, a quien no había podido ubicar durante años. Según contó la testigo, lo acusó de "entregador", le dio su tarjeta y le pidió explicaciones. "Voy a tratar de ubicarte, pero no creo que te llame", le contestó el periodista. Nunca más tuvo noticias de él.

Durante la dictadura la familia siguió con las averiguaciones. Escofet se reunió con los entonces coroneles Martín Bonet y Raúl Gatica. Este último, cansado de los reclamos, le espetó: "Usted, también, qué quiere. Si su marido era sociólogo". Escofet nunca le había mencionado el título profesional de Osvaldo Plaul.

Por otro lado, la testigo contó que el 25 de mayo de 1977 se entrevistó con monseñor Emilio Graselli, por entonces secretario del Vicariato de la Armada. El cura recibía a diario la visita de familiares de desaparecidos que lo consultaban por el destino de sus seres queridos.

El prelado armó un fichero con los distintos casos, compuesto por más de dos mil piezas, que ahora está en poder de la Cámara Federal. Graselli declaró dos veces en este juicio ya que se sospecha que sabía cuál era el destino de los desaparecidos. Ante los jueces, el cura juró "por Dios" que el fichero era fruto de los datos que le llevaban los familiares y negó rotundamente que su fuente fueran las Fuerzas Armadas.

Hoy, Escofet lo contradijo al afirmar que Graselli, mientras examinaba una lista escrita a máquina con tinta roja, le aseguró: "(Plaul) Está muerto y no vuelvan nunca más. Porque los que están en rojo es porque los han matado".

Al finalizar la audiencia, la testigo cargó contra el Laboratorio Abbott. Aseguró que la empresa denunció a su marido por el hurto del auto, que le robaron los represores el día del secuestro, y que en abril del '77 lo dejaron cesante. Durante esos cuatro meses, contó, "si alguien llamaba a Abbott preguntando por Osvaldo, le decían que estaba enfermo de hepatitis".

Torturas en un camión

En otro orden, declaró ante la Cámara Luis Farina quien fue detenido ilegalmente el 2 de abril de 1976 y permaneció en centros clandestinos y penales hasta octubre de 1979. Farina fue secuestrado junto a su esposa, Nélida Baldi, que testimonió hace dos semanas.

El ex detenido-desaparecido brindó un dato novedoso en el Juicio por la Verdad: la circunstancia de haber sido torturado dentro de un camión, cuando estuvo en el centro clandestino de 1 y 60 de esta ciudad.

Farina, hoy un contador de 54 años, contó que en los años previos a la dictadura había militado en una Unidad Básica del barrio la Loma. Precisamente declaró en la causa por la desaparición de Gladys Amuchástegui, quien también pertenecía a ese grupo político que en su mayoría fue desaparecido el 20 de agosto de 1976.

El testigo contó que al ser secuestrado lo metieron dentro del baúl de un auto y lo llevaron a un lugar al que reconoció como la comisaría 9°. Al día siguiente, lo trasladaron al Cuerpo de Infantería de 1 y 60, donde dijo haber compartido el cautiverio con delegados de Astilleros: "el Pulpo" Rodríguez, Horacio Piombo y otro de apellido Klimavicius.

"A mí me tenían aislado, con una mano atada a la cama con una esposa", recordó. "Era una situación de extrema dureza. Fuimos sometidos a torturas dos o tres veces".

Luis Farina contó que lo torturaron dentro de un camión, del tipo "frigorífico o de los que llevan alimentos". En el interior, le ataron una soga a los pies, a la que ataban a un "pasamanos" ubicado en el techo. "Y me levantaban como si fuese una medio res", completó Farina. Así, lo torturaron con la picana.

Diez días después de su secuestro, Farina ingresó en la Unidad 9, según consta en el legajo del Servicio Penitenciario Bonaerense que la Cámara le exhibió esta mañana. Fue uno de los primeros presos políticos de la dictadura en llegar a esa dependencia.

"Cuando llegué a la U9 creí haber recuperado la libertad, por lo duro que fue el proceso de secuestro", expresó. Más tarde, agregó: "Fui motivo de curiosidad de los empleados. Me hicieron desvestir cuatro veces para verme las quemaduras" de la tortura.

Farina comentó que se enteró de los casos de Horacio Rapaport y Ángel Georgiadis, quienes fueron puestos en libertad por el Poder Ejecutivo y, a la salida de la cárcel, nuevamente secuestrados. Sobre este tema habló el año pasado el periodista Eduardo Anguita y otros ex detenidos de la U9.

También mencionó que recordaba una requisa muy intensa que se realizó en la cárcel el 13 de diciembre de 1976, fecha que coincide con la masacre de Margarita Belén, en el Chaco.

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