|
|
|
Espacio Abierto
Edición
digital
Editorial
El
condigno Juicio y Castigo
La
restitución de la identidad a la joven Carmen Sanz y la condena a los
represores Jorge Antonio Bergés y Miguel Osvaldo Etchecolatz es el
primer fruto maduro de la lucha contra la impunidad de los genocidas
en la ciudad de La Plata.
Se trató del primer juicio oral y público que se lleva a cabo en la
capital bonaerense contra criminales de lesa humanidad. Sólo quienes
luchamos por esto sabemos cuánto costó que fueran nuestros
tribunales los que juzgaran a esos dos delincuentes y no jueces de
otra jurisdicción; que sea en este suelo, donde cometieron sus
crímenes aberrantes y donde los sufrieron las víctimas, que Bergés
y Etchecolatz respondieran ante la Justicia.
Este juicio oral abrió un camino que se vislumbra largo: deberán
pasar también por los tribunales platenses más de un centenar de
represores imputados en las causas en las que se investigan los
centros clandestinos de detención de Arana, La Plata y de algunos
puntos del sur del Gran Buenos Aires.
Bergés y Etchecolatz no habían vuelto a ver las caras de los jueces
de un tribunal por estos crímenes desde la causa Camps, en 1986. Con
este juicio, fueron los primeros condenados por la responsabilidad en
la supresión de identidad de una hija de desaparecidos. Antes de este
proceso sólo se había juzgado a los apropiadores de los niños, no a
quienes como Bergés y Etchecolatz promovieron y avalaron el delito.
Por eso este juicio ha sido histórico. Y representa un triunfo de la
lucha por los Derechos Humanos, del que la sociedad debe sentirse
congratulada. El precedente condenatorio da fuerza a la búsqueda de
Justicia en tribunales como los de La Plata, que recién comienzan a
despertar del letargo de tantos años de impunidad.
Hubo quienes desde un principio denostaron la condena a siete años de
prisión que recibieron los dos represores. Se sabe que Bergés y
Etchecolatz cometieron muchos más delitos de los juzgados en ese
juicio, pero allí sólo se juzgó su responsabilidad en la supresión
de la identidad y la falsificación de los documentos de una niña
nacida en cautiverio, cuyos padres fueron desaparecidos por el plan
criminal de la dictadura. Por el mal que infligieron a esta sociedad
cualquier condena para ellos parece poca. Pero esta condena se les
sumará a las próximas que vengan y a las que ya tienen.
De hecho, de la sentencia del Tribunal que los juzgó se desprende una
nueva causa judicial por la retención y el ocultamiento de Carmen
Gallo Sanz.
Esa medida fue adoptada como respuesta a la acusación que realizaron
la APDH La Plata y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes
solicitaron se juzgue a los represores con la aplicación del
artículo 146 del Código Penal, que reprime los delitos de
sustracción, ocultamiento y retención.
En la nueva causa que ordenó abrir el Tribunal por los últimos dos
delitos —por el de sustracción Bergés fue absuelto en la causa
Camps— los dos represores deberán ser indagados y encarcelados. La
pena máxima para esos crímenes es de quince años.
Bergés, además, tiene pendiente la pena de seis años que recibió
en la causa Camps y que eludió con la Obediencia Debida. Etchecolatz,
por su parte, adeuda 23 años por esa causa, más otros tres por
calumnias e injurias contra el maestro Alfredo Bravo.
Está visto, la Justicia se construye de a poco. Por eso, la condena
de ambos es altamente positiva. Los dos tuvieron el condigno juicio y
castigo por el que tanto luchamos.
Mesa Directiva
|
