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Espacio Abierto
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digital
Comisaría 5°: el fiscal Crous solicitó
detención e indagatoria de 62 represores
“Todos y cada uno
de los policías”
Con este pedido, se presentó la segunda solicitud de invalidez de las
leyes de impunidad. La base del escrito son las denuncias realizadas
en el Juicio por la Verdad.
Por
Lucas Miguel (*)
De Suárez
Mason a Luise, el que dijo que sólo barría el piso. Todos están
imputados por el fiscal Crous. (Fotos:
Página/12) |
Quizá pronto llegue la hora de la justicia. La verdad develada en
el Juicio por la Verdad, que impulsó la APDH La Plata en 1998, está
dando sus frutos. Cuando comenzó este proceso se tenía claro que era
el primer paso hacia la Justicia.
Los crímenes testimoniados ante la Cámara Federal, en el marco de
la investigación sobre el centro clandestino que funcionó en la
comisaría 5º, fueron denunciados por la Asociación de Ex Detenidos
Desaparecidos y la APDH La Plata ante el fiscal federal Félix Crous,
quien presentó en julio pasado en primera instancia una querella penal
y, hace pocos días, el pedido de detención e indagatoria de 62
represores, 8 militares y 54 policías.
La misma solicitud había realizado en septiembre en la causa en la
que se investiga el secuestro y desaparición de Daniel Favero y su
esposa María Paula Álvarez a manos de cuatro policías de la Brigada de
Investigaciones. A las dos les añadió el pedido de invalidez e
inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Haciendo fila
El dictamen fiscal sobre las detenciones e indagatorias en la causa
de la 5º debe ser resuelto ahora por el titular del Juzgado Federal
Nº3, Arnaldo Corazza.
En la causa están imputados desde el comandante del Cuerpo I de
Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, hasta el último cabo de
guardia de la comisaría. De los 62 imputados, 53 son policías
bonaerenses que revistaron en aquella seccional.
El pedido del fiscal, al que adhirió la APDH La Plata, homologó la
detención ilegal con el tormento; es decir, la detenciones constituían
“tormentos en sí mismas y en tantos casos la antesala del asesinato”.
Por ello, señaló el fiscal, los represores deben ser indagados por el
delito de tormentos reiterados y por los homicidios de los detenidos
que no fueron liberados.
Luis Patrault, Rubén Pedrazza y Ceferino Gauna,
tres de los 54 policías que, según Crous, renovaron cada día "la
decisión de permanecer en el aparato terrorista" operante en la
comisaría 5º (Fotos: FM) |
Además, avanzó contra todos los imputados respecto de la
responsabilidad sobre los crímenes cometidos allí, sea cual fuere su
graduación dentro de la fuerza.
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Las causas penales
Desde que en septiembre de este año la APDH La Plata puso a
trabajar especialmente a un grupo de profesionales en el
seguimiento de las causas penales derivadas o conexas con el
Juicio por la Verdad —que por delitos cometidos en La Plata son
35—, se constituyó como querellante en cuatro procesos, incluido
el de la comisaría 5º.
El estado de esas causas es el siguiente:
La causa Favero: En septiembre el fiscal Crous pidió la
detención e indagatoria de cuatro policías. De inmediato, el juez
Corazza se declaró incompetente porque —sostuvo— el caso debe ser
juzgado en Buenos Aires. El fiscal y la APDH La Plata apelaron y
el conflicto debe ser resuelto por la Cámara Federal platense.
Causa por apropiación de dos menores: El juez Humberto
Blanco investiga si dos jóvenes, actualmente hermanos por
adopción, son hijos de dos parejas de desaparecidos. Habrían sido
apropiados por una familia adinerada del Gran Buenos Aires. Aquí
no se revelan los nombres para no perjudicar la investigación, y a
que los imputados —los apropiadores y un médico— no saben aún que
están siendo investigados.
Delitos en la U9: La causa abierta por los delitos
cometidos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la última
dictadura se inició el año pasado, tras las revelaciones del
Juicio por la Verdad. Recayó en el juez Blanco, quien se declaró
incompetente y la envió a Buenos Aires. Ahora, está en manos del
juez Rodolfo Canicoba Corral, sin que aún haya resuelto si es
competente.
Causa Etchecolatz: La APDH La Plata, además, es querellante
desde 2000 en una causa contra el ex director de Investigaciones
de la bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por delitos
descubiertos en el Juicio por la Verdad por los que nunca fue
juzgado. La causa la tiene el juez porteño Sergio Torres. También
es querellante en la denominada causa "Sanz", en la que se
investiga la supresión de identidad de la hija de desaparecidos
Carmen Sanz y por la que están presos Etchecolatz y el médico
Jorge Bergés. |
“A todos y cada uno de los policías que revistaron en la comisaría
5º en ese tiempo funesto debe reprochárseles su contribución a la
comisión de los hechos que nos ocupan, puesto que efectuaron su aporte
mediante la custodia de los detenidos, brindando seguridad al local
para la continuidad del secuestro tanto como para los demás aspectos
del aparato de aniquilamiento, que requerían que los secuestrados
permanecieran detenidos”, sostuvo Crous.
Al referirse a los policías con bajo poder de mando, señaló: “Quien
cada día renovó la decisión de permanecer en el aparato terrorista, y
volvió a sus tareas en el CCD, aportó su grano de arena en la
detención torturante de las victimas, y al homicidio, en el caso de
los homicidios y desapariciones posteriores de los detenidos por ellos
guardados”.
El dictamen fiscal, de 220 carillas, también solicita la
declaración de invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de
impunidad, recogiendo en gran parte la argumentación del histórico
fallo del juez Gabriel Cavallo.
Sostiene que la ley de Obediencia Debida “humilla a las víctimas, a
la sociedad argentina, a la conciencia jurídica universal, a la más
intuitiva y elemental moral humanista, a los principios éticos de los
credos mayoritarios, al sentido común, a la inteligencia. Pero también
humilla a los jueces, relegándolos al papel de declamadores, meros
homologadores, de la falacia y la mentira”.
Las dos leyes, continúa, “estaban destinadas a brindar impunidad
total a la inmensa mayoría los ejecutores, a los retransmisores de
órdenes o mandos intermedios, y a buena parte los oficiales superiores
del aparato terrorista del Estado”.
El dictamen fiscal en la causa de la 5º constituye un nuevo paso en
el camino a la justicia. Un camino que, sin dudas, comenzó a
transitarse en el Juicio por la Verdad. |
